El asalto a Endesa

Visto lo visto en los últimos días está claro que Zapatero quiere poner en bandeja Endesa al tripartito catalán sea como sea y cueste lo que cueste, aunque tenga que pisotear las leyes en el proceso y actuar de manera claramente irregular.

Recordemos los hechos:

- El ministro Montilla, responsable último de la decisión, recibió un préstamo de La Caixa (accionista principal de Gas Natural que es la empresa que lanzó la OPA sobre Endesa). Hasta aquí todo normal. Lo que no es normal es que La Caixa condonara la mitad del préstamo (6 millones de euros) y permitiera pagar la otra mitad en cómodos plazos. Está claro que esto conlleva un trato de favor que está siendo devuelto por el ministro a La Caixa con creces y que, por si solo, conllevaría la necesaria abstención del ministro en todo el proceso, según el artículo 28 de la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas. Este es un hecho por todos conocido a estas alturas, por lo que no entraré en más valoraciones.

- El Consejo Nacional de la Energía emitió un dictamen favorable a la OPA, que es aducido por el Gobierno para justificarla. En este dictamen se dieron dos hechos altamente irregulares:

a) La presidenta de la CNE, Maite Costa, tenía relación profesional con la Caixa(formaba parte del consejo de dos de sus filiales) hasta el mismo momento de su nombramiento según el Registro mercantil.
El Gobierno intenta aducir que esta relación se extinguió en junio (el nombramiento fue en noviembre), lo que no crearía irregularidad alguna, según el propio Gobierno.
Pues bien, y esto es algo en lo que no han entrado los diarios (o al menos yo no lo he podido leer):
el CNE y sus órganos se rigen, en última instancia, por la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas que en su artículo 28 (el mismo que rige para el ministro Montilla) dice en su apartado e) que será causa de abstención:
“tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.
Esto implica que da igual si la presidenta extinguió su relación profesional con La Caixa en el mismo momento de su nombramiento o varios meses antes, debería haberlo hecho al menos con 2 años de antelación para no incurrir en una grave irregularidad.
Si bien dice el mismo artículo en su punto 3 que “la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”, si que se trata de un hecho poco ético y menos aún estético y, a buen seguro, toda decisión tomada por la presidenta podría ser anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, el punto 5 del artículo dice que “La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad”, por lo que la presidenta podría ser enjuiciada por su actuación.

b) Tres consejeros de la CNE (dos nombrados por el PSOE y uno por ERC) alteraron el informe de los técnicos sobre la OPA
Según informó el diario El mundo, realizaron numerosas modificaciones de redacción, incluidas tachaduras y amputaciones de párrafos enteros, en los que se advertía de las consecuencias para la competencia de la operación. Y se da la circunstancia de que uno de esos consejeros, Jaime González, es amigo personal de Zapatero. Podeis leer el artículo completo con todo detalle sobre las modificaciones (al estilo Mr. Typex Caldera) en Libertad Digital.

- Finalmente el Tribunal de Defensa de la Competencia ha emitido un dictamen desfavorable a la OPA. Este dictamen es preceptivo, pero no vinculante, lo que no obliga al Gobierno a resolver en el mismo sentido del dictamen. Pero si resolviera en contrario a este dictamen se apartaría de todos los precedentes habidos durante el Gobierno del PP que nunca tomó una decisión en contra de los expertos de este tribunal. Además, el ministro de economía Pedro Solbes dijo en Antena 3 que “el TDC hará su recomendación, que irá al Consejo de Ministros y que en principio deberá seguir, y sólo se puede separar, de acuerdo con la doctrina del Supremo, en el que caso de que existan elementos muy fundados para tener una opinión distinta”.
El gobierno de Zapatero ya se ha lanzado a poner a la misma altura el informe mutilado por los consejeros afines al PSOE y ERC de la CNE (que en su formato original también ponía serias objeciones a la OPA) y el dictamen del TDC. Pero no se ven “elementos muy fundados” que obliguen a tomar una decisión distinta a oponerse a la OPA, por lo que cualquier decisión en otro sentido sería altamente discutible. Vistos los antecedentes está claro que quieren que la OPA triunfe a toda costa para contentar al tripartito. Ya sabemos que la última palabra sobre lo que debe hacerse la tiene Carod Rovira, que es el que dicta en muchas ocasiones el sentido en que debe obrar el Gobierno. Carod ya ha adelantado que está "convencido" de que el Gobierno "se leerá con detenimiento" el dictamen del TDC, pero, pese a ello, "no habrá obstáculos para que la OPA pueda prosperar y sea una realidad en el plazo más breve posible".

Resumiendo, visto lo visto si la OPA sale adelante es probable que la batalla legal sea larga y hay muchas irregularidades que claman que sea anulada por los tribunales de justicia en un futuro.